Crímenes de guerra en Idlib durante las negociaciones de paz – De Human Rights Watch

Article  •  Publié sur Souria Houria le 2 mai 2012

2 de Mayo de 2012

Ejecuciones, destrucción de propiedad y detenciones arbitrarias

(Nueva York) – Las fuerzas del Gobierno sirio mataron al menos a 95 civiles e incendiaron o destruyeron cientos de casas durante una ofensiva de dos semanas en la provincia norteña de Idlib, poco antes del alto el fuego, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Los ataques se produjeron a finales de marzo y principios de abril, cuando el enviado especial de las Naciones Unidas, Kofi Annan, estaba negociando el cese de los combates con el Gobierno sirio.
El informe de 38 páginas, “‘They Burned My Heart’: War Crimes in Northern Idlib during Peace Plan Negotiations” (“‘Me quemaron el corazón’: Crímenes de guerra en Idlib durante las negociaciones del plan de paz”), documenta docenas de episodios de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles y destrucción de propiedades civiles que constituyen crímenes de guerra, así como detenciones arbitrarias y torturas. El informe se basa en la investigación sobre el terreno realizada por Human Rights Watch en los municipios de Taftanaz, Saraqeb, Sarmeen, Kelly y Hazano, de la provincia de Idlib, a finales de abril.

Un hombre se lamenta frente a una mezquita destruida en Taftanaz donde los residentes locales reunieron a los muertos después de que las fuerzas del gobierno atacaron la ciudad el 3 y el 4 de abril. Según activistas locales, por lo menos 65 personas murieron durante el ataque de dos días. © 2012 Robert King/Polaris
“Mientras los diplomáticos discutían los detalles del plan de paz de Annan, los tanques y los helicópteros sirios atacaban un municipio tras otro en Idlib”, dijo Anna Neistat, subdirectora de programas y emergencias de Human Rights Watch. “En todos los lugares que visitamos, vimos casas, comercios y automóviles calcinados y destruidos, y escuchamos relatos de personas cuyos familiares fueron asesinados. Parecía que las fuerzas del Gobierno sirio habían aprovechado hasta el último minuto antes del alto el fuego para causar daño”.
Human Rights Watch documentó operaciones militares a gran escala emprendidas por las fuerzas gubernamentales entre el 22 de marzo y el 6 de abril de 2012, contra bastiones de la oposición en la provincia de Idlib, que causaron la muerte de al menos 95 civiles. En cada uno de los ataques, las fuerzas de seguridad gubernamentales emplearon numerosos tanques y helicópteros, y después ocuparon los municipios y permanecieron en ellos entre uno y tres días antes de proceder al siguiente municipio. El grafiti dejado por los soldados en todos los municipios afectados indican que la 76ª Brigada Acorazada lideró la operación militar.
En nueve incidentes diferentes documentados por Human Rights Watch, las fuerzas gubernamentales ejecutaron a 35 civiles que estaban bajo su custodia. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar el 3 y 4 de abril durante el ataque contra Taftanaz, un municipio de unos 15,000 habitantes al noreste de la provincia de Idlib.
Un superviviente de la ejecución por las fuerzas de seguridad de 19 miembros de la familia Ghazal en Taftanaz describió a Human Rights el momento cuando encontró los cuerpos de sus familiares:

Primero encontramos cinco cuerpos en un pequeño comercio cercano a la casa. Estaban casi totalmente calcinados. Pudimos identificarlos por los pocos trozos de ropa que les quedaban. A continuación entramos en la casa y encontramos nueve cuerpos en el suelo de una de las habitaciones, cerca de la pared. Había mucha sangre en el suelo. En la pared, había una fila de impactos de bala. Los nueve hombres tenían heridas de bala en la espalda, y algunos en la cabeza. No tenían las manos atadas, aunque las tenían detrás de la espalda.

Los investigadores de Human Rights Watch pudieron observar los impactos de bala en la pared que formaban una fila a unos 50-60 centímetros del suelo. Dos de los ejecutados eran menores de 18 años.
En varios otros casos documentados por Human Rights Watch, las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra civiles que intentaban huir de los ataques y terminaron muertos o heridos. Las circunstancias de estos casos indican que las fuerzas gubernamentales no distinguieron entre civiles y combatientes y no tomaron las medidas preventivas necesarias para proteger a la población civil. Las fuerzas gubernamentales no advirtieron a la población civil de los ataques. Por ejemplo, Ali Ma’assos, de 76 años de edad, y su esposa Badrah, de 66 años, fueron asesinados por fuego de ametralladora poco después de que el ejército lanzara su ataque contra Taftanaz en la mañana del 3 de abril, cuando intentaban huir del municipio en una camioneta pickup con más de una quincena de amigos y familiares.
Cuando entraron en los municipios las fuerzas gubernamentales y las shabeeha (milicias pro gubernamentales) también incendiaron y destruyeron un gran número de casas, comercios, automóviles, tractores y otras propiedades. Los activistas locales han registrado el incendio y la destrucción parcial o completa de cientos de casas y comercios. Por ejemplo, en Sarmeen, los activistas locales han registrado la quema de 437 habitaciones y 16 comercios, y la destrucción completa de 22 casas. En Taftanaz, los activistas dijeron que se habían quemado parcial o completamente aproximadamente 500 casas y que los disparos de los tanques u otras explosiones habían destruido parcial o totalmente 150 casas. Human Rights Watch examinó muchas de las casas incendiadas o destruidas en los municipios afectados.
En la mayoría de los casos, el incendio y la destrucción parecían ser producto de actos deliberados. La mayoría de las casas que se quemaron no mostraban daños externos, salvo cuando existía la posibilidad de que las bombas hubieran provocado el fuego. Además, muchas de las casas en ruinas estaban totalmente destruidas, en contraste con las que habían sido impactadas aparentemente por proyectiles de tanques, que tenían daños parciales.
Durante las operaciones militares, las fuerzas de seguridad también detuvieron arbitrariamente a docenas de personas, a las que retuvieron sin ninguna justificación legal. Hasta la fecha, alrededor de dos tercios de los arrestados siguen recluidos, a pesar de las promesas del gobierno del presidente Bashar al-Assad de poner en libertad a los presos políticos. En la mayoría de los casos, se sigue sin conocer el destino y el paradero de los detenidos, lo que genera el temor de que hayan sido víctimas de desapariciones forzadas. Algunos de los que han sido puestos en libertad, muchos de ellos ancianos o discapacitados, dijeron a Human Rights Watch que, durante su detención en varias dependencias de los mukhabarat (agencias de inteligencia) en la provincia de Idlib, habían sido víctimas de tortura y malos tratos.
Combatientes de la oposición estuvieron presentes en todos los municipios antes de los ataques, y en algunos casos intentaron impedir la entrada del ejército . Según los residentes locales, en la mayoría de los casos, los combatientes de la oposición se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta de que el ejército los superaba con creces en número y no tenían medios para resistirse a los tanques y la artillería. En otros municipios, los combatientes de la oposición se fueron sin ofrecer ninguna resistencia; lo que, según los residentes, hicieron para evitar poner en peligro a la población civil.
Teniendo en cuenta la intensidad de los combates y el nivel de organización de ambos bandos, entre ellos la oposición armada que ordenó y ejecutó las retiradas, los combates en Idlib alcanzaron aparentemente el nivel de un conflicto armado de acuerdo con el derecho internacional. Esto significaría que se puede aplicar el derecho internacional humanitario (la ley de los conflictos armados), además de la legislación de derechos humanos. Las violaciones graves del derecho internacional humanitario se consideran crímenes de guerra.
Human Rights Watch ha documentado y condenado anteriormente las graves violaciones cometidas por los combatientes de la oposición en Siria, como los abusos cometidos en Taftanaz. Estos abusos deben investigarse y se debe llevar ante la justicia a los responsables. Sin embargo, estos abusos no justifican de ninguna manera las violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales, como las ejecuciones sumarias de residentes y la destrucción a gran escala de pueblos.
Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se asegure de que la misión de supervisión de la ONU enviada a Siria cuente con una sección de derechos humanos dotada de personal y equipo adecuados, que pueda entrevistar de manera segura e independiente a las víctimas de abusos de los derechos humanos, como los que se documentan en este informe, a la vez que los proteja de represalias. Human Rights Watch exhortó también al Consejo de Seguridad de la ONU a que garantice la rendición de cuentas por estos crímenes remitiendo la situación en Siria a la consideración de la Corte Penal Internacional, y que la Comisión de Investigación de la ONU en funciones apoye esta medida.
“Las Naciones Unidas –a través de la Comisión de Investigación y el Consejo de Seguridad– debe asegurarse de que los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad sirias no queden sin castigo”, dijo Neistat. “Los esfuerzos puestos en el plan de paz se verían gravemente socavados si se siguen produciendo abusos a espaldas de los observadores”.

http://www.hrw.org/es/news/2012/05/01/siria-cr-menes-de-guerra-en-idlib-durante-las-negociaciones-de-paz



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